Le pudo hace upa

 

Nada de lo que escriba tiene demasiada importancia. Esta entrega es una excusa para decir que este año fue demasiado intenso y nos vemos en 2023. 

Unas semanas antes del Mundial, Netflix estrenó Sean eternos: campeones de América. En la docuserie se ve la arenga de Lionel Messi en el vestuario antes de la final de la Copa América, en la que habla de todo lo que había sacrificado el equipo y dice: “el Dibu fue papá. Fue papá y no pudo ver a la hija todavía. No le pudo hace upa”, en su acento rosarino característico que se multiplicó en memes de todo tipo. Hablaba del arquero de la selección, Emiliano “Dibu” Martínez, cuya hija nació mientras él participaba del torneo. Ser jugador profesional no es un trabajo cualquiera pero, en definitiva, no estuvo en el nacimiento de su hija porque estaba trabajando. 

Hace unos días vi un video que decía: “muchos padres no pudieron hacer upa a sus hijos e hijas como el Dibu, porque en Argentina tenemos solo dos días de licencia por paternidad”. Lo difundió Paternar, una campaña de colectivos de masculinidades, sindicatos y organizaciones sociales para ampliar esa licencia. Argentina viene muy atrás en esta materia, está entre los países de la región que reconocen menos de cinco días a los padres cuando nacen sus hijos e hijas. En muy pocos países hay licencias para las personas que no gestan, sean varones o mujeres, o para las familias que adoptan. 

En mayo, el poder Ejecutivo presentó un anteproyecto que amplía las licencias familiares, en un gesto que busca recoger algo de las demandas del movimiento feminista -uno de los más relevantes en los últimos años- y recuperar la iniciativa en medio de una crisis económica y política. La ley no pasó de la presentación formal, con anuncios y mesas, que encarnaron de muchas formas la no-performatividad que caracterizó gran parte de la agenda “con perspectiva de género” del gobierno (en la entrega anterior hablé de esto). La ley está empantanada hace meses y no es una prioridad de la gestión. 

El Día del padre de 2021, varias organizaciones lanzaron la campaña Paternar con el objetivo de ampliar la licencia de paternidad a treinta días con carácter obligatorio, intransferible y remunerado. El carácter obligatorio e intransferible apunta a cuestionar los prejuicios que se construyen alrededor de la crianza y las tareas de cuidado, a cargo de las mujeres de forma desproporcionada. Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 lo confirman: el 91,6 % de las mujeres realiza tareas domésticas, mientras que en el caso de los varones lo hace el 73,9 % (los picos de desigualdad están en las casas con chicos y chicas menores de 13 años) . 

“Los roles están muy rígidos, ya que uno es el que está más cercano a la crianza y la otra persona no. Y eso hace que la otra persona tenga que tener un mandato muy fuerte de trabajo”. Esto lo dice Matías Criado del colectivo Paternando y explica que los prejuicios que ubican a un género como cuidador y a otro como proveedor tienden a replicarse incluso en familias homoparentales. ¿Por qué? Porque la organización del tiempo dedicado a las tareas de cuidado no remuneradas no tiene que ver con la genética o la biología, es un producto social (en sociedades específicas, como las nuestras, capitalistas y patriarcales). 

La movilización feminista cuestiona hace décadas los roles que retroalimentan la sobrecarga de trabajo no remunerado para las mujeres (que son, estadísticamente, la mayoría de las personas que lo hacen) y benefician a las empresas porque sus ganancias aumentan cuando se ahorran ese “costo”. Por eso es una desigualdad que persiste bajo la superficie de la ampliación de derechos y las agendas “con perspectiva de género”, que no son malas en sí mismas pero sí impotentes. Porque casi sin excepción, son medidas aisladas en agendas oficiales que reproducen constantemente las condiciones en las que se apoya la desigualdad (empezando por la de origen, que una minoría propietaria de los medios de producción viva del trabajo de la mayoría no propietaria). No quiero ponerme abstracta pero, en definitiva, hacer lo contrario atentaría contra sí mismo, porque el Estado es el administrador de ese “negocio”.